Buena fe en la reclamación contra el administrador

Responsabilidad del administrador

En principio, el mero conocimiento de la situación deficitaria o de insolvencia de una empresa no impedirá al acreedor reclamar con éxito. Y si el administrador no actúa diligentemente, se puede reclamar contra él. Recuerde que, cuando la sociedad tiene pérdidas que dejan su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, la ley obliga al administrador a convocar una junta que acuerde una solución a ese desequilibrio. Si no lo hace, responde personalmente de las deudas de la sociedad generadas a partir de la causa de disolución. Además, los tribunales son muy estrictos a la hora de determinar si el administrador ha actuado con la suficiente diligencia: no basta con que tome cualquier medida, sino que éstas deben ser las adecuadas y adoptarse en los plazos establecidos legalmente.

Si usted detecta que el administrador no ha tomado las medidas oportunas en el momento adecuado, podrá reclamar que éste asuma personalmente los pagos. Y el hecho de saber –en el momento de contratar– que la empresa no está pasando por su mejor momento no suele ser un impedimento, salvo que actúe con mala fe.

¿Cuándo hay mala fe?

No obstante, el administrador podría ser exonerado de responsabilidad si demuestra que el acreedor está actuando de mala fe, por ejemplo:

• Asumido. Cuando el propio deudor advierte de su situación, indicando que le será difícil cumplir con el pago, se entiende que el acreedor asume el riesgo de impago. No se trata simplemente de saber que la empresa tiene dificultades, sino de que ésta haya advertido expresamente de las bajas probabilidades que tiene de cumplir.

• Relación directa. Cuando quien reclama, además de proveedor, ha tenido algún tipo de vinculación con la deudora (fue socio o su administrador cuando se produjo el impago). En este caso se considera que actúa de mala fe y, por tanto, no tiene derecho a reclamar al actual administrador.

• Influencia. Tampoco se suelen aceptar reclamaciones de socios que, por su participación en el capital social de la empresa deudora, no pueden ignorar su situación económica deficitaria. En especial cuando, dado su porcentaje de participación en ella, podrían además haber promovido la disolución social, solicitando la oportuna convocatoria de junta.